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Sentencia sobre el Honor

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 21

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00009/2014

 

SENTENCIA

En Palma de Mallorca, a 15 de enero de 2014.

Vistos por mí, Dª CRISTINA ESCRIBANO GONZÁLEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de los de Palma de Mallorca, los presentes autos de Juicio Ordinario nº537/2012 en materia de en materia de intromisión ilegítima del derecho al honor, instados por D. XXXXXXXXX, cuya representación se ejerce por el Procurador de los Tribunales, Dª Berta Jaume Montserrat , y su defensa por el Letrado, D Mª Victoria Ruiz Martínez, contra Dª XXXXXXXX, representado por el Procurador de los Tribunales, D. Javier Delgado Truyols, y defendido por el Letrado, D. Bartolomé Caffaro Bosch, ha recaído sobre los mismos la presente resolución judicial.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

               PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales, Dª Berta Jaume Montserrat, en la representación indicada y mediante escrito presentado el día 20 de junio de 2012, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, se formuló demanda de juicio ordinario contra Dª XXXXXXXXXXXXX, en la que en síntesis, se alegó que durante los meses de abril y agosto de 2011 el actor puso en conocimiento de la administración competente que la demandada aparcaba en una zona de retranqueo sin autorización y que las mesas y sillas de la terraza causaban molestias a los vecinos por el ruido de los clientes. Como consecuencia de lo anterior la demandada fue obligada por el Ayuntamiento de Palma a retirar las mesas y sillas de la terraza por no estar amparada dicha actividad por licencia y asimismo se le obligó a tramitar un vado permanente. En fecha 22 de noviembre de 2011 la demandada formuló denuncia ante el Juzgado de guarda contra el actor en que le acusó de acosador y alcohólico atribuyéndole determinadas conductas y alegando sentir miedo del actor. Señala que como consecuencia de lo anterior el actor se vio involucrado en un procedimiento de juicio de falta por vejaciones, dictándose sentencia absolutoria. Indica que el actor se sometió de julio de 1997 a agosto de 1999 a un tratamiento de deshabituación alcohólica, llevando más de 13 años de abstinencia. 

Aducidos los fundamentos de derecho que estimó aplicables terminó suplicando que se dicte sentencia por la que se declare que las expresiones vertidas por el demandado en su denuncia como carentes de veracidad y difamatorias o desmerecedoras para el mismo y la existencia de una intromisión en el derecho al honor del actor, y se declare que se le ha generado un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 800 euros o la que fije el tribunal y se le condene al abono de la misma y pago de las costas. 

                 SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, por Decreto de fecha, 26 de julio de 2012 se dio traslado de la misma a la demandada para su contestación. Por el Ministerio fiscal y  mediante escrito presentado en fecha 21 de agosto de 2012, se contestó a la demanda oponiéndose a la misma. 

 Por el Procurador de los Tribunales, D. Javier Delgado Truyols en nombre y representación de Dª XXXXXXXXXX, mediante escrito presentado en fecha 3 de diciembre de 2012, se contestó a la demanda oponiéndose a la misma, en base a que, se reconoce la realidad de la denuncia pero se niega el ánimo de venganza y la acusación de alcoholismo y se añade que es el actor quien denuncia sistemáticamente a la demandada. Indica que la absolución decretada por la sentencia del juicio de faltas es consecuencia de principio in dubio pro reo y no hay motivos para negar la veracidad de los hechos denunciados. Señala que el motivo de la demanda es que el demandante está molesto con la Sra. XXXXXXX porque ha dejado de trabajar con él como electricista y éste ha iniciado una campaña de denuncias contra la demandada. Indica además que no hay intromisión ilegítima porque no ha lesionado su dignidad simplemente ha denunciado conductas que causan perjuicios a los clientes de la demandada. 

Aducidos los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando que se desestime la demanda, y se impongan las costas al actor. 

               TERCERO.-Se señaló el acto de la Audiencia Previa para el día 3 de abril de 2013  a las 9:50, acto que se suspendió por estar las partes en vías de acuerdo que no fructificó, señalándose nuevamente para el día 8 de octubre de 2013. Al acto de la Audiencia Previa, concurrieron las partes debidamente representadas y asistidas. Abierto dicho acto las partes se ratificaron en sus respectivos escritos y se fijaron como hechos controvertidos: existencia de intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor e importe en su caso, de la indemnización. 

Recibido el pleito a prueba, por la parte actora se propuso: Por la parte demandada se propuso: documental, por el Ministerio Fiscal, el interrogatorio de las partes, y por la demandada  interrogatorio del actor, y documental por reproducida, y fueron admitidos los que constan en el acta extendida. 

               CUARTO.- En el día señalado, 16 de diciembre de 2013, se celebró el acto de juicio, procediéndose a la práctica de los medios de prueba que fueron admitidos con el resultado que obra en el acta de juicio, formulando a continuación las partes sus conclusiones y quedando los autos vistos para sentencia. 

                QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

           PRIMERO.- Por la parte actora se ejercita una acción tendente a  obtener  la declaración de que la demandada ha vulnerado el derecho al honor del actor,  y que las versiones emitidas por la demandada en su denuncia son carentes de veracidad y  se la condene a abonarle el importe de 800 euros. Fundamenta su pretensión en que la demandada molesta con el actor por haberla denunciado ante el Ayuntamiento, como consecuencia de diversas infracciones administrativas, que le han obligado a retirar mesas y sillas de la terraza por carecer de licencia así como a tramitar un vado permanente, denunció ante los juzgados de instrucción al actor. Indica que la intromisión a su honor se produjo en la referida denuncia en que le acusó de acosador  de alcohólico, y le atribuyó la realización de conductas que no prueba en absoluto y alegó sentir miedo por su comportamiento. Ello determinó la tramitación de un juicio de faltas de la que resultó absuelta. Se indica que el actor se sometió a tratamiento de desintoxicación y lleva 13 años de abstinencia. 

            El Ministerio Fiscal se opuso a la demanda en tanto en cuanto no se acreditaran los hechos en que fundamenta el actor su acción. 

            La demandada se opone a las pretensiones de la actora, alegando que ninguna vulneración del derecho al honor se ha producido, y que la misma no tachó al Sr. XXXXXXX de alcohólico. Simplemente narró unos hecho que padecía la demandada, y de los que fue absuelto el actor por falta de prueba no porque la denuncia no fuera verdad y ante versiones contradictorias no se hace prevalecer la denuncia, como consecuencia, del principio in dubio pro reo. 

            Atendidas las alegaciones de las partes y los posicionamientos sostenidos por las mismas, la adecuada resolución de la presente litis, obliga a atender a los siguientes extremos: la existencia de intromisión ilegítima y la procedencia, en su caso, de la indemnización. 

                 SEGUNDO.-Intromisión ilegítima del derecho al honor. El derecho al honor es proclamado como derecho fundamental en la Constitución Española, artículo 18.1, derivado del derecho a la dignidad de la persona que es consagrado en el artículo 10 y desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Comprende la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público como afrentosas (sentencias del TC 107/1988, 185/1989, 171/1990, 223/1992, 170/1994, 139/1995, 3/1997). Constituyendo por ende un derecho relativo, cuya protección quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí mismo o su familia y dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento» (STC 185/1989) . 

Determina el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 que "tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley: La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación". En tal sentido, la STC de 15 de enero de 2007, enseña, que aunque el honor es "un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento", este Tribunal "no ha renunciado a definir su contenido constitucional abstracto afirmando que ese derecho ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas (SSTC 107/1988, 185/1989, 171/1990, 172/1990, 223/1992, 170/1994, 139/1995, 3/1997 )" En este sentido, y por lo que al presente supuesto importa, "el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal", incluso de especial gravedad, ya que "la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga" (STC 180/1999 ). 

            Añade la STS. Sentencia de 10 Jun. 2010, rec. 1320/2007, que: CUARTO: Como conclusión, se actúa en consecuencia dentro del marco del derecho a la libertad de expresión del artículo 20.1. d) de la Constitución Española, al existir una situación de conflicto que legitima su intervención, en defensa de unos intereses que se estimaban conculcados. Nos encontramos nuevamente ante el problema de la subjetivización u objetivización del derecho al honor, no permitiéndose que el criterio subjetivo de la persona que se siente ofendida prevalezca sobre una consideración objetiva, es decir, la inevitable subjetivización debe quedar mitigada por las circunstancias objetivas de la persona, su situación de tiempo y lugar.

              Por todo ello, el recurso de casación se rechaza y se confirma la sentencia recurrida, como dice el artículo 487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con imposición de costas a la parte recurrente, aplicando el artículo 398 en su remisión al 394 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

            Asimismo establece la SAP Alicante de 19 de julio de 2013, que: Se ha ejercitado por la actora una acción de protección civil del derecho fundamental al honor, con base a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo (LA LEY 1139/1982), de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, por intromisión ilegítima prevista en el art. 7.

            El caso queda circunscrito a determinar si la demandada cometió alguna acción constitutiva de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante cuando interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Jávea, el día 22 de enero del 2008, por presunta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, en la que, tras manifestar que desconocía la autoría de dicho delito, relató el contenido de varias llamadas telefónicas de Emilia, ex pareja sentimental de su hijo; denuncia que motivó la incoación de un juicio de faltas en que recayó sentencia absolutoria de aquélla.

            El planteamiento de la parte actora se antoja de todo punto sorprendente, por insólito, a este Tribunal. La demandada lo único que hizo fue denunciar unos hechos que podían tener apariencia delictiva y contestar a las preguntas que los agentes de la autoridad le hicieron. Los hechos, valorados por la autoridad judicial, dieron lugar a un juicio de faltas, en el que finalmente, no quedó acreditada ninguna infracción criminal de ese tipo. Es llamativo, incluso, que una de las frases que la demandante considera como constitutiva de infracción ilegítima en su derecho al honor ("si no tiene bastante con su marido, que también necesita a su nieto") haya sido reconocida como dicha por aquélla, en la declaración que prestó ante la Guardia Civil: mal puede pretenderse que esa frase, expuesta en la denuncia, vulnere derecho alguno de la actora cuando ella misma reconoce haberla dicho. De otra parte, que los hechos denunciados (el juicio de faltas versó sobre una presunta falta de amenazas) no quedaran acreditados en el acto del juicio no determina que el contenido de la denuncia constituya intromisión alguna de su derecho al honor.

                    El Tribunal Constitucional (sentencias, entre otras, de 16 de marzo de 1981 ; 17 de julio de 1983 ; 6 de septiembre de 1990 ) y del Tribunal Supremo (4 de noviembre de 1986 , 13 de diciembre de 1989 , 4 de enero de 1990 , 16 de diciembre de 1986 , 29 de abril de 1989 ...), viene reiterando que en los derechos contenidos en el art. 20 de la C.E . cabe distinguir entre la libertad de expresión (emisión de juicios y opiniones) y la libertad de información (publicación o divulgación de hechos o noticias) y que la primera, por consistir en formulación de opiniones, juicios o creencias personales que no aspiran a sentar hechos o a afirmar datos objetivos, tiene como límite la ausencia de expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias, sin relación con las ideas u opiniones que se expresan y que resultan necesarias para la exposición de las mismas. No puede utilizarse la expresión para incluir en ella palabras o frases insultantes, vejatorias o descalificadoras de la persona a la que se refieren, en cuanto sean innecesarias para el fin perseguido de la información o la opinión, ya que se puede discrepar, censurar y criticar con toda la fuerza necesaria, pero no insultar. Como se ha dicho, ninguna expresión insultante o descalificadora se contiene en la denuncia, más allá, claro está, del relato de hechos que pudieran encontrar acogida en algún ilícito penal. 

                TERCERO.- Caso enjuiciado. Aplicando la jurisprudencia anterior, y valorando la prueba desplegada a instancia de las partes, debe concluirse que no se acredita la intromisión ilegítima en el derecho al honor del Sr. XXXXXXXX que sustenta la presente demanda. 

            La prueba desplegada consistente en el interrogatorio de las partes, permite concluir que las mismas mantuvieron una relación laboral, hasta que la demandada decidió poner fin a la misma, porque no estaba contenta con el servicio prestado por el actor. A partir de ese momento el actor comunicó a organismos públicos hechos que podían constituir infracciones presuntamente cometidas por la  Sra. XXXXXXX en el desarrollo de su actividad laboral. Lo anterior acredita efectivamente que las relaciones entre las partes son tensas. 

            Por la parte actora se solicita que en la sentencia  se declare que las expresiones vertidas por la demandada en su denuncia como carentes de veracidad y difamatorias o desmerecedoras para el mimo, y suponen una intromisión ilegítima. . De una lectura pausada de la denuncia formulada por la Sra. XXXXXX en fecha 22 de noviembre de 2011, no se constata la presencia de ningún juicio de valor peyorativo o susceptible de vulnerar el honor del demandante. La demandada se limitó a constatar los actos que venía sufriendo  por la actuación del demandante, por si los mismos revestían carácter de ilícito penal, y no consignan juicios de valor que hagan desmerecer la reputación del demandante. 

Es más la parte actora insiste en que la demandada emitió un juicio de valor que afecta a la intimidad del actor, y como  el propio Sr. XXXXXXX en el acto de juicio, “que le afectó que se aproveche de mi alcoholismo para decir luego que le acoso”. Lo cierto es que la Sra. XXXXXX narró en su denuncia una serie de situaciones que sufría por la conducta del denunciado, la existencia de diversas denuncias contra la misma con origen en el demandado, cuya realidad deriva de la propia documental aportada por éste y reconocida en el escrito de demanda (fol. 4 y 5). En la denuncia, el único juicio de valor que se recoge es que la situación que la misma vivía, le hacía temer por su integridad, e in fine añadió, y como dato objetivo, por otro lado, corroborado por la parte actora, que el demandante había estado en tratamiento por alcoholismo. Pero a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, la Sra. XXXXXX no se aprovechó de la situación de tratamiento de rehabilitación del alcohol, para luego decir que le acosaba, sino todo lo contrario, primero describió la situación que padecía, y en el último inciso de la denuncia, hizo constar que sabía que había estado en tratamiento de deshabituación y que teme por su integridad y que su salud se ha resentido padeciendo ansiedad. De lo anterior, se colige, que la demandada no utilizó expresión alguna injuriosa, despreciativa o susceptible de afectar a la reputación del Sr. XXXXXX, porque además ningún juicio de valor emitió sobre su persona. Se limitó a informar y denunciar una situación por ella sufrida por la conducta del demandado, de constantes denuncias ante organismos públicos, que ha reconocido el propio actor, y constatar la desazón que le producía a la demandada, sin que concurra ningún exceso en la narración de los hechos ni la consignación de expresión alguna susceptible de vulnerar el derecho al honor del demandante. Y no debe olvidarse que la protección del derecho al honor, no permite que el criterio subjetivo de la persona que se siente ofendida prevalezca sobre una consideración objetiva, esto es, que el hecho de que se hiciera constar un dato real y objetivo cual es que el demandante estuvo sometido a tratamiento y que dirija constantes denuncias a la demandada, porque ello, no sea del agrado del demandante, permitan entender que se ha vulnerado su derecho al honor, por cuando dicha intromisión no ha existido, por muy doloroso o sensible que sea para el demandante el hecho de que se hiciera constar su situación de tratamiento del alcoholismo. Y ello, porque la demandante en ningún momento sugirió que el demandante continuara ingiriendo alcohol sino que estuvo en tratamiento.  

A mayor abundamiento señalar que la parte actora insta que se declare que las manifestaciones de la demandada en su denuncia son inveraces, y al respecto indicar que la absolución dictada en el juicio de faltas, no permite concluir la falsedad de lo hechos denunciados, sino que la absolución deriva de la existencias de versiones contradictorias y del principio propio del derecho penal “in dubio pro reo”, tanto más en el presente caso, que atendida las tensas relaciones entre las partes,  ello no permitió al juez de instrucción dar mayor veracidad a una u otra declaración. Pero la falta de prueba sobre unos hechos y consiguiente absolución no determina la falta de verdad sobre los mismos, y menos cuando en el presente caso, la  denuncias al Ayuntamiento han quedado objetivadas, y en cuanto a los restantes hechos, tales como que el actor haga fotografías, eche pinturas o tire cosas, si bien es cierto que no se han corroborado, ello no quiere decir que sean falsas y menos cuando la propia demandada ha trasladado su negocio a otro domicilio. 

Por lo dicho, se concluye que la demandada no incurrió en ninguna intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, al no consignar ni expresiones ni juicios de valor que menoscaben la reputación ni el honor del demandante. 

CUARTO.-  Costas.  Desestimada la demanda, procede imponer las costas causadas a la parte actora. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLO

             DESESTIMO  íntegramente la demanda  formulada por Dª Berta Jaume Monserrat, en nombre y representación de D. XXXXXXXXX, contra Dª XXXXXXXXX y en consecuencia, debo ABSOLVER Y ABSUELVO libremente  a la demandada de todos los pronunciamientos efectuados en su contra. 

 

            Todo ello, con expresa imposición de las costas a la parte actora.